La ley, según ha recordado Francisco Martínez Arroyo, tiene por objetivo hacer una apuesta por el Desarrollo Rural Territorial en Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta que el despoblamiento es un fenómeno y “uno de los mayores retos a nivel nacional que hay combatir entre todos”, ha precisado.
Tal y como queda reflejado en esta consulta pública, es labor de la Administración Pública guiar, orientar, propiciar, estimular y ordenar el avance en la consecución de la igualdad territorial en el accesos a las oportunidades y garantías básicas de la población en materia educativa, sanitaria de transportes y telecomunicaciones, así como la lucha contra el despoblamiento, las garantías y oportunidades para la juventud, los servicios sociales, la dotación de infraestructuras públicas, el fomento de los servicios privados esenciales, el fomento del emprendimiento o el acceso al empleo en una economía territorialmente desarrollada, equilibrada y sostenible.
En este marco, ha explicado el consejero, Castilla-La Mancha necesita dotarse una norma, que en forma de ley, “regule, ampare, propicie y potencie las vías de actuación en torno al desarrollo rural territorial y el despoblamiento”.
El fin último es alcanzar los objetivos planteados en aquellos sectores productivos que permitan reintroducir en el ámbito rural los recursos que en la actualidad son necesarios posibilitando, de este modo, su desarrollo económico y que contribuya a fijar población, para que haya gente que “voluntariamente se quiera quedar a vivir en nuestros pueblos”.
Una vez que se den por concluidos los dos meses de consulta pública, comenzará un nuevo periodo consistente en crear grupos de trabajo con los representantes de la sociedad civil, aquellos grupos de interés, así como el resto de consejerías y administraciones implicadas en este proceso, en busca de una normativa que luche contra el despoblamiento.
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